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Requisitos delito de estafa en Albacete Sentencia 117/2017 de la Audiencia Provincial de Albacete

Sentencias Albacete

Requisitos delito de estafa en Albacete

Contenidos en la Sentencia 117/2017 de la Audiencia Provincial de Albacete

Que establece los requisitos para que exista el delito de estafa en base a la Doctrina del  Tribunal Supremo:

“la jurisprudencia de esta Sala tiene declarado que el incumplimiento contractual queda criminalizado bajo la forma de la estafa cuando con ocasión de la contratación de negocios jurídicos de carácter privado, ya sean civiles o mercantiles, uno de los contratantes -el sujeto activo- simula desde el principio el propósito de contratar con otra persona, cuando lo verdaderamente apetecido es aprovecharse del cumplimiento de la otra parte contratante, pero sin intención de cumplir la suya. En tal sentido, hemos afirmado que existe estafa en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar, cuando en realidad sólo quería aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento”.

Requisitos del delito de estafa en función de la Doctrina del TS

Celebración del negocio jurídico que lleve integrados los requisitos del delito de estafa:

  • Un engaño precedente o concurrente
  • Que sea bastante para provocar el traspaso patrimonial.
  • Producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de la situación real.
  • Un acto de disposición patrimonial por parte del sujeto pasivo, con el consiguiente perjuicio para el mismo.
  • Nexo causal entre el engaño del autor y el perjuicio a la víctima, y ánimo de lucro).

Por lo que debe analizarse en cada caso si se aprecian tales elementos objetivos y subjetivos.

Por lo que se refiere al engaño, el Tribunal Supremo en Sentencia del 19 de enero de 2017, establece: “El engaño típico en el delito de estafa, por otro lado, es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La valoración de la idoneidad del engaño no puede prescindir de las reales y concretas circunstancias del sujeto pasivo, conocidas o reconocibles por el autor”.

Sentencia 117/2017 de la Audiencia Provincial de Albacete

En el asunto enjuiciado en la Sentencia 117/2017 de la Audiencia Provincial de Albacete el objeto del contrato, era un mandato, que obligaba al acusado a buscar para el denunciante un vehículo automóvil de segunda mano de unas circunstancias muy determinadas (marca, modelo, años de antigüedad y kilómetros recorridos), con lo cual, y dado que el primero no disponía del automóvil en su poder cuando contrató, determinaba que el negocio incorporase una cierta dosis de incertidumbre en lo que a su completa ejecución se refiere.

Por otra parte, reconoció el denunciante en el juicio que conocía al acusado desde hacía mucho tiempo y que incluso no desconocía sus anteriores problemas con la Administración de Justicia. No hay mención alguna en su declaración a que el acusado se presentase ante él fingiendo una solvencia o posibilidades económicas y negociales de las que careciese.

Una vez suscrito el contrato, dice el acusado que ofreció tres o cuatro coches y que ninguno resultó ser de su agrado del denunciante. Éste, por el contrario, aludió a que le mostraron algunas fotografías de Internet, si bien no quedó claro si había sido el acusado. Además, reconoce que le fue mostrado por éste un vehículo en el establecimiento de un tercero, que no aceptó porque tenía más kilómetros recorridos de los que marcaba su cuentakilómetros. No hay constancia de que el mandatario conociese esa circunstancia como tampoco se ha corroborado mediante la oportuna declaración del titular del establecimiento que no se hubiese dejado probar el coche a causa de la falta de liquidación de las relaciones entre el acusado y aquél. Todo ello es indicativo de que el acusado no se desentendió por completo y desde el principio de todo lo concerniente al cumplimiento de su obligación.

Se considera acreditado asimismo que, una vez pasado un tiempo prudencial sin que el mandatario cumpliese el encargo al que se había comprometido, ambas partes convinieron en la resolución del contrato, procediendo a disponer lo necesario para hacer una recíproca devolución de sus prestaciones que en este caso solamente afectaba al acusado, que había recibido diez mil euros como adelanto de sus gestiones (ha de tenerse en cuenta que se había comprometido a hacer todo lo necesario para la adquisición y transporte del vehículo, incluso desde el extranjero). En ese momento se produce la devolución en dos entregas de una parte considerable del dinero en efectivo recibido (30%) y respecto al resto, pone en contacto al mandante con otra persona que podría satisfacer el deseo del denunciante de adquirir un vehículo.

Más allá de su contenido formal (se presenta como un certificado conjunto entre los que lo suscriben) el documento señalado con el número doce describe una cesión de crédito o una subrogación por cambio de deudor que en todo caso sugieren que el acusado se desligó de su obligación en virtud de las relaciones que mantenía con otra persona que también fue acusada y a la que no se juzgó en esta ocasión.

El consentimiento del denunciante a la cesión o novación descrita en el párrafo anterior se evidencia por la falta de constancia de que a partir de ese momento hubiese dirigido alguna reclamación o gestión de cobro contra el acusado; a este respecto, contesta a preguntas de la defensa que tras la firma del segundo contrato no desapareció, sino que cuando hablaba con él le decía que hablaría con la otra persona a la que se había encargado la compra del vehículo.

A mayor abundamiento, es significativo que en algunos documentos que obran en las actuaciones se aprecie que, al contrario, ese otro acusado al que se ha hecho referencia asumió el compromiso de devolverle la totalidad del dinero percibido, sin distinción alguna con respecto a la cantidad de siete mil euros (reconocimiento de deuda, folio 16 y siguientes). El mismo denunciante reconoció este extremo que concierne tanto a la escritura pública a la que se ha hecho referencia como a la entrega de unos pagarés.

Dijo el denunciante en el juicio que no sabía si el acusado y aquella otra persona estaban concertados para engañarle y lo cierto es que no se han aportado indicios que demuestren que tal concierto de voluntades se hubiese producido con la finalidad y los rasgos exigidos por el tipo penal que es objeto de acusación. Lo que resulta del examen de los respectivos contenidos contractuales es que los mismos no son completamente idénticos, lo cual sugiere la existencia de negociaciones precontractuales autónomas para cada caso.

Es digno de mención que en el escrito de acusación se remita la acreditación de una trama urdida entre ambos acusados exclusivamente a una diligencia de exposición contenida en el atestado policial, que no ha sido debidamente ratificado en la vista, que les relaciona en asuntos anteriores que el autor de la misma considera similares. Resulta obvio que tales relaciones anteriores no se desprenden de la prueba practicada en la vista. Es llamativa la referencia que se realiza el folio 63 de las actuaciones por cuanto que se involucra en el común “modus operandi” a una persona contra la que no se ha llegado a dirigir la inculpación en este proceso.

De la actuación del acusado previa a la celebración del negocio jurídico al que se hace referencia conviene destacar el hecho de que fuese conocido del denunciante y que, según la versión de éste último, le preguntase en la calle si quería cambiar de coche, produciéndose después una llamada, que el señor          Lucas no descarta que realizas él mismo, para concretar el negocio. Por lo tanto, no hay constancia de una especial insistencia por parte del acusado para determinar su interés en el asunto.

Ya ha sido objeto de comentario la declaración del denunciante en lo que concierne al conocimiento de la situación personal de aquel con el que se proponía contratar; también se desprende de su declaración que fue capaz de detectar por sus propios medios que el automóvil que se ofrecía tenía más kilómetros recorridos de los que marcaban los indicadores de su panel de mandos.

En definitiva, todo lo expuesto permite concluir que no se ha acreditado debidamente la concurrencia de los requisitos del propios del delito de estafa cometido con ocasión de la celebración de un negocio jurídico, incluido el necesario engaño, por lo que se considera que con arreglo al principio de presunción de inocencia que rige en el proceso penal por virtud de lo establecido en el artículo 24 CE, procede la absolución del acusado.

Absolviendo al acusado del delito de estafa.

Espero que la información te haya sido útil. Si tienes cualquier duda sobre los delitos de estafa en Abogados Albacete contamos con Abogados especialistas en Derecho Penal y podrá asesorarle y ayudarle para afrontar este contratiempo. Contacte con nosotros para poder asesorarle.

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