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11 enero, 2017
Cláusulas suelo
Cláusulas Suelo
23 enero, 2017

Decreto sobre cláusulas suelo Solución de las cláusulas suelo

Durante las últimas semanas el bombardeo de noticias relacionadas con las cláusulas suelo en los medios es constante, así el gobierno, se hace eco de estar preparando la solución para que los consumidores vean satisfechas sus reclamaciones de forma rápida y sin acudir a los tribunales, si bien, no es oro todo lo que reluce, por ello y por la notoria presión que en redes sociales está haciendo la sociedad, se ha aplazado esa solución ya en dos ocasiones.

La semana pasada se filtró el texto del Decreto Ley que lejos de ofrecer una solución, obliga a los consumidores a negociar, al margen de los Tribunales las cláusulas abusivas contenidas en sus contratos de préstamo.

Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Todo este movimiento ha comenzado como consecuencia de la Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual ha determinado, en contra de lo que manifestó nuestro Tribunal Supremo, que cuando una cláusula se declare nula por abusiva, se tienen por no puesta y en consecuencia, si se han cobrado unos intereses en virtud de dicha cláusula, como sucede con la llamada cláusula suelo, han de devolverse los interés que indebidamente se han estado cobrando en base a la misma.

Esta doctrina implica que los más de 2,5 millones de contratos que contienen cláusulas suelo que se estiman que existen en España, son susceptibles de ser anuladas si el afectado acude a los tribunales de justicia, provocando un colapso en los Juzgados que, según parece, el gobierno quiere evitar planteando un sistema extrajudicial, pero

¿Qué esconde dicho sistema?

  • En primer lugar, resulta engañoso decir que el sistema es VOLUNTARIO para el consumidor, cuando por otro lado se establece que, si el consumidor no acepta la oferta que realice el banco (y que calcula éste en exclusiva sin que el consumidor tome partido) y se ve obligado a acudir a la vía judicial, este deberá asumir los gastos derivados del proceso, a pesar del criterio de imposición de costas al litigante vencido que se regula en la LEC.
  • En segundo lugar, es el banco el que efectúa el cálculo de la cantidad a devolver (nuevamente dejamos al lobo guardando al rebaño) y una vez comunicada la cifra al consumidor, puede ofrecerle la posibilidad de devolverlo en efectivo o a través de otra medida compensatoria, no se nos explica que medida compensatoria será, pero intuimos que se trata de algún producto financiero con el mantener nuestro dinero en los activos del banco.

Recapitulando los dos primeros puntos del decreto, el consumidor acude a un sistema voluntario, en el que el banco en exclusiva, calcula y ofrece una cantidad sobre la que el consumidor únicamente puede aceptar o no; si esta fuera manifiestamente insuficiente y el consumidor no la acepta, deberá acudir a un procedimiento judicial en el que, no podrá repercutir los gastos de su abogado al banco por no haber aceptado lo que éste le ofreció.

Si acepta la oferta, podrá recibirla en dinero o mediante alguna contraprestación que el banco le ofrezca.

  • Se establece un plazo máximo para la tramitación de esta reclamación extrajudicial de 3 meses. Por fin una ventaja para el consumidor, pues lo cierto es que el procedimiento judicial es más extenso, sin embargo, no podemos perder de vista, que, si la oferta no nos es grata, no hemos ganado sino perdido tres meses, además de haber perdido algunas de las garantías que nos ofrecía la reclamación judicial, cual es, la de repercutir los gastos del proceso al Banco.
  • No se prevé el abono de intereses por parte del Banco, por haber llevado a cabo el cobro de cantidades indebidas. Obviamente toda cantidad que el banco nos deba hacer efectiva, ha de ser devuelta con el correspondiente interés que esta haya devengado, sin embargo, el Decreto no alude a estos intereses, los cuales, sí se reconocen en una Sentencia Judicial, en la que se declara el derecho a recuperar las cantidades líquidas que el banco debe, más los intereses que estás hayan devengado, incluso durante la tramitación del procedimiento judicial.

Nuevamente nos encontramos con que, si bien el procedimiento judicial será más largo que el extrajudicial, durante la sustanciación del mismo se generan intereses, lo cual compensa de algún modo la espera, pues a la larga cobraremos más.

  • El Decreto establece un régimen especial de costas procesales. Ya hemos hablado de esto en los puntos precedentes, si bien esta es otra de las ventajas que gobierno ofrece al banco, pues no solo para el caso de rechazo de la oferta se prevé tal posibilidad, sino también en los casos en los que el consumidor acuda directamente al procedimiento judicial; la entidad podrá librarse de las costas si antes de oponerse a la reclamación, se aviene a reconocer que el consumidor lleva razón.

Con lo cual, y como de costumbre “la banca siempre gana”.

Ejemplos para hacerlo más visual:

  • Si el banco nos ofrece menos de lo que hemos pagado.
Si aceptamos la oferta Si no aceptamos y vamos a la vía judicial
Se queda con parte de lo que pagamos

 

SI NO
Se ahorra los intereses

 

SI NO
Se ahorra las costas procesales

 

SI SI
Se ahorra litigar

 

SI NO

 

  • Si el banco nos ofrece devolvernos en integridad lo que hemos pagado.
Si aceptamos Si no aceptamos y vamos a la vía judicial
Se queda con parte de lo que pagamos

 

NO NO
Se ahorra los intereses

 

SI NO
Se ahorra las costas procesales

 

SI SI
Se ahorra litigar

 

SI NO
  • Otra de las cuestiones disfrazada de ventaja para el consumidor, que no es tal, es que se ofrece una “exención fiscal para la renta obtenida por la devolución” si bien, como decimos, se trata de una previsión enmascarada, pues se establece que “En caso de que se haya practicado deducción por inversión en vivienda habitual se deberán regularizar los ejercicios no prescritos sin sanción, intereses de demora ni recargo en la correspondiente autoliquidación complementaria” o lo que es lo mismo, por un lado habla de una exención y por otro habla de excluir a aquellos que se dedujeron los gastos por adquisición de vivienda habitual y que son, con casi toda seguridad, el 90% de los afectados.
  • Por último, se prevé la “Gratuidad para las partes de los derechos arancelarios, notariales y registrales en los acuerdos alcanzados”, otra ventaja que no afecta al consumidor, sino solamente al banco, pues el consumidor como perjudicado por la cláusula y beneficiario de una declaración judicial en tal sentido, no pagaría nunca dichos gastos, con lo cual, el gobierno nuevamente “le hace una rebajita” a los bancos eximiéndoles de los gastos por la modificación de los contratos hipotecarios.

 

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